Antes que nada nuestra Constitucion Nacional reza : Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.

El Poder Ejecutivo de Río Negro, impulsa una reforma para que los condenados cumplan con sus sentencias mientras esperan la resolución de sus apelaciones ante la Corte Suprema. Se busca agilizar la justicia penal para evitar largas esperas y padecimiento de las víctimas.

Para el Gobierno resulta inaceptable que los condenados permanezcan en libertad hasta que la Corte Suprema se pronuncie, lo cual puede demorar largos años, como sucedió con un docente condenado por abuso que permaneció en libertad durante casi 10 años y en varias ocasiones se cruzó en la vía pública con los familiares de las víctimas.

El Gobierno de Rio Negro impulsó un proyecto para ejecutar condenas de manera inmediata tras instancias de apelación, garantizando una justicia más rápida y equitativa. El objetivo es mejorar el sistema penal para que las víctimas no tengan que enfrentarse a los acusados, esperando a la resolución definitiva de la Corte Suprema.

Uno de los casos testigos es el de los abusos sexuales en un jardín de Infantes de Cipolletti, hecho que las madres y los padres denunciaron hace 10 años al docente responsable y luego de largos años de espera, el acusado recién fue condenado a seis años de prisión en diciembre pasado.
Sucede que la defensa del acusado fue apelando el fallo en todas las instancias judiciales, hasta que la Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso y fue detenido.

Ello sucedió tras un largo padecimiento de las familias, quienes se cruzaban con el victimario como si nada hubiera sucedido hasta que la Corte finalmente se expidió.

Lo que se busca con la reforma penal propuesta con la incorporación del artículo 241 bis al Código Procesal Penal rionegrino, es que desde que se lo condena al acusado en el Tribunal de Impugnación, que es la última instancia ordinaria que se expide, el mismo debe ejecutar la pena. Si bien mantiene la garantía de recurrir la condena y apelarla, en el proceso no se puede suspender su ejecución.

El porcentaje de sentencias revocatorias luego de años de espera de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es muy bajo, es decir, son pocos los casos donde existe una condena y el máximo tribunal decide dejar en libertad al condenado. En ese marco, son muchas las víctimas que sufren, cruzándose con los condenados en libertad hasta que finalmente llega la sentencia final que les da alivio.

Casos como el de abuso sexual en el jardín de infantes de Cipolletti hay muchos, sobre todo en lo que respecta a casos de violencia de género, abusos y violación. Por ello, la prioridad de este proyecto es poner en valor el flagelo que atraviesan las víctimas durante tanto tiempo Fuente: https://rionegro.gov.ar/articulo/48651/rio-negro-quiere-anticipar-el-cumplimiento-de-las-condenas